El Estado debe dejar de ser visto también como un «barril sin fondo» a la que todos quieren tomar pero que nadie quiere llenarlo. Aquí es clave el tema de la responsabilidad fiscal, la cual pasa por buscar que los gastos estén debidamente priorizados y financiados. No significa renunciar al objetivo de la justicia social sino buscarla con responsabilidad. Ello supone acciones en campos como los siguientes:
• Mejorar la calidad del gasto público en general y de la inversión pública en particular.
• Hacer transparente el manejo del gasto corriente incluido el relacionado con las planillas públicas.
• Hacer sostenibles los sistemas previsionales públicos.
• Modernizar la gestión de los recursos públicos (gobierno electrónico).
• Desconcentrar y descentralizar la toma de decisiones en el sector público.
• Lograr eficiencia en los programas sociales, en particular los relacionados con la lucha contra la pobreza (adecuada focalización, supervisión) ciudadana, transferencias condicionadas).
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